Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario

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El Consejo de Ministros el pasado 11 de octubre aprobó el Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario; una normativa concebida para reducir el despilfarro de alimentos y para fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos. La norma implica a toda la cadena alimentaria, prioriza la donación, obligará a las empresas de restauración para colectividades a contar con programas de prevención y reducción del desperdicio alimentario e incluye también un régimen sancionador.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha explicado que con esta ley se trata de remediar un triple problema. Por un lado de ahorro económico y medio ambiental, ya que tirar alimentos supone “un desperdicio por el trabajo de agricultores y ganaderos, de los medios naturales empleados para producirlos, del consumo de recursos como suelo o el agua, y de emisiones a la atmósfera que se producen”. Planas ha asegurado que “los sistemas agroalimentarios deben ser sostenibles y evolucionar hacia una economía circular”.

Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona en 2020.

El tercer problema al que la ley trata de dar respuesta es de orden ético y moral, ya que el ministro ha recordado que actualmente hay más de 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre, y otras 1.600 millones que tienen problemas de nutrición, según datos de la FAO. La ley pretende llamar a un debate social sobre la necesidad de seguir una alimentación sana, sostenible, sabrosa y a buen precio.

“No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura”.

Al impulsar esta ley se quiere ratificar el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recogen expresamente (objetivo número 12.3) la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro.

En la exposición de motivos de la ley, se justifica la necesidad de establecer una norma ante los pocos avances producidos en los últimos años para frenar este problema. Combatir el despilfarro es un imperativo ético –en consonancia con las grandes líneas del Gobierno de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico– que debe implicar al conjunto de la sociedad en el que se enmarca esta normativa.

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